Jorge Osorio V. [1] La situación educativa de América Latina y el Caribe está siendo intensamente debatida desde diversas agencias, movimientos sociales y organizaciones ciudadanas. Las reformas educativas que han venido desarrollándose desde la pasada década de los años 90 no han sido capaces de revertir el cuadro de desigualdad, exclusión y discriminación que afecta a mayoritarios sectores sociales del continente, en particular a la infancia, las mujeres, los pueblos indígenas y las poblaciones urbanas y rurales vulneradas. Los estudios de los organismos especializados destacan los avances en la cobertura , sin embargo, reconocen los déficit en la calidad de los aprendizajes y la asimetría de los resultados , vía mediciones estandarizadas, entre grupos sociales diversos y la segregación cultural y territorial que se reproduce sin que los programas en curso logren revertirla. Las iniciativas para el “mejoramiento” de la gestión de las escuelas han confiado en que la