La resistida invocación ciudadana en la política educativa: aprendizajes, recursos cívicos y nueva reforma democrática de la educación en Chile
(Actualizado el 9 de febrero, 2011)
Jorge Osorio Vargas
Uno de los principales déficit de la democracia chilena desde los años noventa del siglo pasado ha sido su precaria condición deliberativa. La transición institucional post dictadura exigió niveles altos de consensos y disciplina para asegurar gobernabilidad. Ha sido recurrente valorar el desarrollo político de los últimos veinte años por la existencia de un régimen de acuerdos. El disenso adquirió un tono sospechoso y dañino para la seguridad democrática.
Podemos decir que nuestra vía a la democracia post dictadura ha estado de manera importante sustentada en un temor al desacuerdo, permaneciendo, de manera invariables, procedimientos e instituciones excluyentes, pero que tienen la virtud de darle estabilidad al régimen político, como es el sistema electoral bi-nominal.
El “sistema de los consensos” ha conllevado una tendencia a la elitización de la política y una estricta observancia de un modelo de gobernabilidad de restrictiva participación ciudadana. Los resultados de este fenómeno ha sido la desafectación política de importantes sectores de la ciudadanía, la parálisis en el desarrollo de nuevas instituciones que aseguren una dimensión participativa de las políticas públicas y un énfasis en la seguridad, más que en el desarrollo de formas participativas y deliberativas de democracia .
La noción de lo común en nuestra democracia ha estado sustentada en el valor de la seguridad. Ante situaciones políticas conflictivas o tensiones sociales es cotidiano escuchar de parte de la clase política la necesidad de blindar los procesos. Esta expresión no es sino la forma como los actores políticos reaccionan ante la incertidumbre y el conflicto. Se desconfía de la deliberación, y las personas tienden a confiar en consensos y acuerdos que aparenten controlar todo riesgo y disminuir el temor a lo “distinto” y lo “inédito”. Nos preocupa que en el país se consolide, de este modo, una tendencia hacia una privatización de la democracia y del debate de los asuntos públicos.
Pero lo cierto es que en contextos globales post-industriales la gobernabilidad requiere una gestión del riesgo y la incertidumbre, participación y la apertura de dinámicas deliberativas. La opción contraria sería consolidar una democracia elitista llamada a regular y disciplinar el régimen político, a través del desarrollo de un liderazgo de la seguridad. Entonces, el dilema de los ciudadanos sería renunciar a la participación en el espacio público y entregar una especie de mandato para que unos pocos gestores definan el contenido y el sentido de lo común.
Es evidente que, en Chile, opiniones críticas sobre el desarrollo político se manifiestan en los bordes de tales consensos, por la insuficiente habilidad que tiene nuestra democracia institucional para procesar lo emergente, lo distinto, la alteridad. Así ha sucedido históricamente frente a temas como las violaciones de los derechos humanos, los asuntos de los derechos sexuales y reproductivos y los conflictos medioambientales. No existe una capacidad efectiva de procesar públicamente y bajo condiciones de una democracia deliberativa dilemas morales de fondo.
El debate sobre la educación no es ajeno a esta situación general. En su caso específico, la cuestión se complica aún más por el excesivo celo que han tenido los gestores de la política educativa en razón de sus planteamientos y resultados, y la tendencia a un liderazgo de la seguridad, más que a un liderazgo que integre y cohesione desde la pluralidad. Las políticas educativas en Chile han sido más bien ensimismadas, sustentadas en la auto elaboración de un discurso social que las define como “de consenso”, “consensuadas”, pero la verdad tal proceso de construcción social no ha existido; han sido políticas poco abiertas a la crítica y a la diversidad de planteamientos , fundados en un modelo de procesamiento de los consensos de carácter experto. Sin dudas, que, luego de la movilización estudiantil del año 2006, se han generado cambios en los escenarios y las sensibilidades.
Desde el llamado acuerdo de "las manos arriba" y la discusión parlamentaria de la nueva Ley General de Educación ( post Revolución Pingüina) lo que ha primado en la élites ha sido la búsqueda de una propuesta de consenso, que permita transitar una vía corta, segura y sin tensiones, para llegar a un acuerdo educativo nacional, sin importar que no estén incorporados los sujetos sustantivos de cualquier refundación de una política educativa, como son los docentes, los estudiantes y los movimientos sociales. Podemos decir que esta lógica se ha expresado en el reciente acuerdo entre el Gobierno de Sebastián Piñera y la oposición para aprobar la Ley Lavín ( 2010-2011). Lo que se valora es tener una ruta directa y poner la “razón” y “la medida exacta” en manos de los “expertos”; especialmente los llamados "expertos tranversales" , que siendo los autoeres de la reforma educativa de la Concertación hoy son valorados e integrados por el gobienro de derecha como actores moderadores y símbolos de una politica de conciliación educativa nacional. No ésta una posición que podamos atribuir a una ideología tecnocrática de derechas, pues en el diseño y gestión de la reforma educativa de la Concertaación también primó como principio clave el protagonismo de los expertos , que no consideraban la participación de actores ciudadanos. El remezón de la revolución pingüina generó una cierto distanciamiento de esta postura tecnicista e ilustrada, sin embargo estos los "nuevos críticos" son los mismos , que depreciaron la participación y la inclusión ciudadana en la reforma educativa en años anteriores. Hoy reconocidos como "expertos transversales".
No es, sin embargo, atribuible sólo a esta concepción de gobernabilidad segura el estado actual de nuestra débil ciudadanía democrática y su expresión en las políticas de educación. Podemos señalar, también, como factores coadyuvantes el insuficiente capital social efectivo, las limitaciones de las organizaciones de la sociedad civil, la reducción de los cambios educativos a la dimensión escolar y el abandono de los espacios culturales y la educación comunitaria como fuentes de innovaciones y creación de capacidades ciudadanas para participar, deliberar, resolver conflictos, hacer control social de las políticas públicas. Es preciso, para tener una democracia tonificada invertir en sociedad civil y en el fortalecimiento del asociativismo ciudadano. Y no sólo invertir recursos financieros sino recursos simbólicos y culturales.
Está pendiente responder el por qué de la infertilidad de la relación entre educación, escuela y sociedad civil y comunidad como sustentos de una democracia de calidad e inclusiva. Sostenemos que la “sociedad civil” es un argumento educativo y cultural, no sólo un fenómeno sociológico, pues refiere a una manera de experimentar la democracia y a la densidad cultural de la misma.
Dicho de manera directa: el fortalecimiento de la sociedad civil exige crear capacidades y capital social, asociatividad, confianza comunitaria, habilitación para la participación y la argumentación, la resolución de conflictos, la gestión de la incertidumbre, acceso y uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, entre otras tareas.
El debate sobre la contribución de la escuela a estos requerimientos está pendiente en el país. La reforma de los años 90 no definió sus propósitos desde este horizonte, como sí lo hizo, por ejemplo, la reforma de los años sesenta consonante con el proyecto de integración que suponía participación social y un sustento comunitarista en la educación. Una política educativa debe sustentarse en un proyecto cultural para el aprendizaje y la convivencia democrática.
El principio fundamental para avanzar en una educación inclusiva, participativa y ciudadana es la sinergia y el reconocimiento de la incertidumbre como condición de posibilidad para la creativa política-educativa.
Sobre lo primero: la política educativa debe entenderse como una política cultural que valoriza y se despliega en los diversos ámbitos humanos de socialización, fomentando una pedagogía de lo común y del espacio público, longitudinalmente con niños (a), jóvenes y personas adultas.
Sobre lo segundo: la pregunta sobre la educación y la escuela en una sociedad dubitativa (usando la expresión de Gimeno Sacristán) no puede ser cerrada o delimitada, de una vez para siempre, de manera modular, lineal o experta, por su complejidad, pluralidad y multiversidad de manifestaciones. Sostiene Gimeno Sacristán: La indeterminación y la incertidumbre del pensamiento sobre la educación son condiciones derivadas de su mismo objeto y, por tanto son rasgos de las teorizaciones sobre él, lo cual matiza el poder prescribir el curso de las acciones que pudieran adjudicárseles (sobre todo, desde el punto de vista de los que aspiran a la ingeniería pedagógica) . La incertidumbre es en ese caso también un argumento democrático. Continúa Gimeno Sacristán: estamos ante una indeterminación que, en contrapartida, es garantía para el ejercicio de la libertad y para el protagonista de los sujetos-agentes de las prácticas educativas.
.
Es preciso concebir la política de la educación desde la dimensión cultural y ciudadana del aprendizaje.
La ciudadanía no es únicamente el atributo jurídico de la democracia, sino también es un proceso comunicacional, de generación de sentidos comunes, de desarrollo de capacidades reflexiva, argumentativas, deliberativas y de promoción de recursos cívicos que acrecienten el capital social democrático y la participación ciudadana. Es el ámbito en el cual las sociedades llegan a construir su sentido de lo común.
Ciudadanía es todo lo contrario a los blindajes culturales y al consenso como ideología de la seguridad. El consenso efectivo, el que legitima verdaderamente a la democracia, es el que resulta de la deliberación y del reconocimiento de las diversidades y del disenso. El consenso debe ser fruto de la actuación ciudadana responsable, deliberante y conectada activamente, y no el resultado de las decisiones de los administradores del riesgo.
Como país tenemos la tarea de construir un sentido democrático de lo común. La educación, en cuanto, formación para la ciudadanía, implica promover el reconocimiento de horizontes compartidos y en condiciones de ser enseñados legítimamente, como son el respeto y defensa de los derechos humanos, que junto con ser reconocidos como valores irrenunciables generan también ética y políticamente un ámbito de exigibilidad
Ciudadanía es aprendizaje y reflexividad, y como tal es la estrategia para enfrentar el riesgo, la incertidumbre y el miedo. Un punto de vista ciudadanista para entender la educación nos permite apreciarla como un espacio deviniente, que es capaz de constituirse como orden desde la diversidad y la dinámica constituyente de los actores del proceso educativo.
En este plano, la educación es siempre una dramaturgia ciudadana en que nos constituimos para conocer, aproximarnos, indagar, apreciar y dialogar con otros. Ante políticas uniformadoras este enfoque educativo equivale a la rebelión del coro en el teatro griego, y en términos pedagógicos a una práctica participativa, de mutua responsabilidad entre los actores, a la amplificación dialógica de sus saberes, a la generación de sentidos comunes a través del lenguaje y a la apertura a otros, que siempre son diferentes, a la hospitalidad y mutualidad para el bienestar humano de todos.
Cabe terminar esta presentación haciendo propio el proyecto de habilitabilidad de Humberto Giannini, sustentado en una ética de la proximidad: ”… la gran tarea de preservación cultural en este siglo consistirá en ofrecer en la escuela y en la educación en general, un bagaje de contenidos y actividades que permitan al estudiante reconocer, respetar y cultivar un mundo comunitario; sus modos tradicionales de sintonizar con la naturaleza y que pacta con ella, de invocar a sus dioses; que le permitan asimilar espiritualmente ( comprender) las experiencia pasadas y tejer, a partir de sus propias posibilidades, sus proyectos y esperanzas”
(Actualizado el 9 de febrero, 2011)
Jorge Osorio Vargas
Uno de los principales déficit de la democracia chilena desde los años noventa del siglo pasado ha sido su precaria condición deliberativa. La transición institucional post dictadura exigió niveles altos de consensos y disciplina para asegurar gobernabilidad. Ha sido recurrente valorar el desarrollo político de los últimos veinte años por la existencia de un régimen de acuerdos. El disenso adquirió un tono sospechoso y dañino para la seguridad democrática.
Podemos decir que nuestra vía a la democracia post dictadura ha estado de manera importante sustentada en un temor al desacuerdo, permaneciendo, de manera invariables, procedimientos e instituciones excluyentes, pero que tienen la virtud de darle estabilidad al régimen político, como es el sistema electoral bi-nominal.
El “sistema de los consensos” ha conllevado una tendencia a la elitización de la política y una estricta observancia de un modelo de gobernabilidad de restrictiva participación ciudadana. Los resultados de este fenómeno ha sido la desafectación política de importantes sectores de la ciudadanía, la parálisis en el desarrollo de nuevas instituciones que aseguren una dimensión participativa de las políticas públicas y un énfasis en la seguridad, más que en el desarrollo de formas participativas y deliberativas de democracia .
La noción de lo común en nuestra democracia ha estado sustentada en el valor de la seguridad. Ante situaciones políticas conflictivas o tensiones sociales es cotidiano escuchar de parte de la clase política la necesidad de blindar los procesos. Esta expresión no es sino la forma como los actores políticos reaccionan ante la incertidumbre y el conflicto. Se desconfía de la deliberación, y las personas tienden a confiar en consensos y acuerdos que aparenten controlar todo riesgo y disminuir el temor a lo “distinto” y lo “inédito”. Nos preocupa que en el país se consolide, de este modo, una tendencia hacia una privatización de la democracia y del debate de los asuntos públicos.
Pero lo cierto es que en contextos globales post-industriales la gobernabilidad requiere una gestión del riesgo y la incertidumbre, participación y la apertura de dinámicas deliberativas. La opción contraria sería consolidar una democracia elitista llamada a regular y disciplinar el régimen político, a través del desarrollo de un liderazgo de la seguridad. Entonces, el dilema de los ciudadanos sería renunciar a la participación en el espacio público y entregar una especie de mandato para que unos pocos gestores definan el contenido y el sentido de lo común.
Es evidente que, en Chile, opiniones críticas sobre el desarrollo político se manifiestan en los bordes de tales consensos, por la insuficiente habilidad que tiene nuestra democracia institucional para procesar lo emergente, lo distinto, la alteridad. Así ha sucedido históricamente frente a temas como las violaciones de los derechos humanos, los asuntos de los derechos sexuales y reproductivos y los conflictos medioambientales. No existe una capacidad efectiva de procesar públicamente y bajo condiciones de una democracia deliberativa dilemas morales de fondo.
El debate sobre la educación no es ajeno a esta situación general. En su caso específico, la cuestión se complica aún más por el excesivo celo que han tenido los gestores de la política educativa en razón de sus planteamientos y resultados, y la tendencia a un liderazgo de la seguridad, más que a un liderazgo que integre y cohesione desde la pluralidad. Las políticas educativas en Chile han sido más bien ensimismadas, sustentadas en la auto elaboración de un discurso social que las define como “de consenso”, “consensuadas”, pero la verdad tal proceso de construcción social no ha existido; han sido políticas poco abiertas a la crítica y a la diversidad de planteamientos , fundados en un modelo de procesamiento de los consensos de carácter experto. Sin dudas, que, luego de la movilización estudiantil del año 2006, se han generado cambios en los escenarios y las sensibilidades.
Desde el llamado acuerdo de "las manos arriba" y la discusión parlamentaria de la nueva Ley General de Educación ( post Revolución Pingüina) lo que ha primado en la élites ha sido la búsqueda de una propuesta de consenso, que permita transitar una vía corta, segura y sin tensiones, para llegar a un acuerdo educativo nacional, sin importar que no estén incorporados los sujetos sustantivos de cualquier refundación de una política educativa, como son los docentes, los estudiantes y los movimientos sociales. Podemos decir que esta lógica se ha expresado en el reciente acuerdo entre el Gobierno de Sebastián Piñera y la oposición para aprobar la Ley Lavín ( 2010-2011). Lo que se valora es tener una ruta directa y poner la “razón” y “la medida exacta” en manos de los “expertos”; especialmente los llamados "expertos tranversales" , que siendo los autoeres de la reforma educativa de la Concertación hoy son valorados e integrados por el gobienro de derecha como actores moderadores y símbolos de una politica de conciliación educativa nacional. No ésta una posición que podamos atribuir a una ideología tecnocrática de derechas, pues en el diseño y gestión de la reforma educativa de la Concertaación también primó como principio clave el protagonismo de los expertos , que no consideraban la participación de actores ciudadanos. El remezón de la revolución pingüina generó una cierto distanciamiento de esta postura tecnicista e ilustrada, sin embargo estos los "nuevos críticos" son los mismos , que depreciaron la participación y la inclusión ciudadana en la reforma educativa en años anteriores. Hoy reconocidos como "expertos transversales".
No es, sin embargo, atribuible sólo a esta concepción de gobernabilidad segura el estado actual de nuestra débil ciudadanía democrática y su expresión en las políticas de educación. Podemos señalar, también, como factores coadyuvantes el insuficiente capital social efectivo, las limitaciones de las organizaciones de la sociedad civil, la reducción de los cambios educativos a la dimensión escolar y el abandono de los espacios culturales y la educación comunitaria como fuentes de innovaciones y creación de capacidades ciudadanas para participar, deliberar, resolver conflictos, hacer control social de las políticas públicas. Es preciso, para tener una democracia tonificada invertir en sociedad civil y en el fortalecimiento del asociativismo ciudadano. Y no sólo invertir recursos financieros sino recursos simbólicos y culturales.
Está pendiente responder el por qué de la infertilidad de la relación entre educación, escuela y sociedad civil y comunidad como sustentos de una democracia de calidad e inclusiva. Sostenemos que la “sociedad civil” es un argumento educativo y cultural, no sólo un fenómeno sociológico, pues refiere a una manera de experimentar la democracia y a la densidad cultural de la misma.
Dicho de manera directa: el fortalecimiento de la sociedad civil exige crear capacidades y capital social, asociatividad, confianza comunitaria, habilitación para la participación y la argumentación, la resolución de conflictos, la gestión de la incertidumbre, acceso y uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, entre otras tareas.
El debate sobre la contribución de la escuela a estos requerimientos está pendiente en el país. La reforma de los años 90 no definió sus propósitos desde este horizonte, como sí lo hizo, por ejemplo, la reforma de los años sesenta consonante con el proyecto de integración que suponía participación social y un sustento comunitarista en la educación. Una política educativa debe sustentarse en un proyecto cultural para el aprendizaje y la convivencia democrática.
El principio fundamental para avanzar en una educación inclusiva, participativa y ciudadana es la sinergia y el reconocimiento de la incertidumbre como condición de posibilidad para la creativa política-educativa.
Sobre lo primero: la política educativa debe entenderse como una política cultural que valoriza y se despliega en los diversos ámbitos humanos de socialización, fomentando una pedagogía de lo común y del espacio público, longitudinalmente con niños (a), jóvenes y personas adultas.
Sobre lo segundo: la pregunta sobre la educación y la escuela en una sociedad dubitativa (usando la expresión de Gimeno Sacristán) no puede ser cerrada o delimitada, de una vez para siempre, de manera modular, lineal o experta, por su complejidad, pluralidad y multiversidad de manifestaciones. Sostiene Gimeno Sacristán: La indeterminación y la incertidumbre del pensamiento sobre la educación son condiciones derivadas de su mismo objeto y, por tanto son rasgos de las teorizaciones sobre él, lo cual matiza el poder prescribir el curso de las acciones que pudieran adjudicárseles (sobre todo, desde el punto de vista de los que aspiran a la ingeniería pedagógica) . La incertidumbre es en ese caso también un argumento democrático. Continúa Gimeno Sacristán: estamos ante una indeterminación que, en contrapartida, es garantía para el ejercicio de la libertad y para el protagonista de los sujetos-agentes de las prácticas educativas.
.
Es preciso concebir la política de la educación desde la dimensión cultural y ciudadana del aprendizaje.
La ciudadanía no es únicamente el atributo jurídico de la democracia, sino también es un proceso comunicacional, de generación de sentidos comunes, de desarrollo de capacidades reflexiva, argumentativas, deliberativas y de promoción de recursos cívicos que acrecienten el capital social democrático y la participación ciudadana. Es el ámbito en el cual las sociedades llegan a construir su sentido de lo común.
Ciudadanía es todo lo contrario a los blindajes culturales y al consenso como ideología de la seguridad. El consenso efectivo, el que legitima verdaderamente a la democracia, es el que resulta de la deliberación y del reconocimiento de las diversidades y del disenso. El consenso debe ser fruto de la actuación ciudadana responsable, deliberante y conectada activamente, y no el resultado de las decisiones de los administradores del riesgo.
Como país tenemos la tarea de construir un sentido democrático de lo común. La educación, en cuanto, formación para la ciudadanía, implica promover el reconocimiento de horizontes compartidos y en condiciones de ser enseñados legítimamente, como son el respeto y defensa de los derechos humanos, que junto con ser reconocidos como valores irrenunciables generan también ética y políticamente un ámbito de exigibilidad
Ciudadanía es aprendizaje y reflexividad, y como tal es la estrategia para enfrentar el riesgo, la incertidumbre y el miedo. Un punto de vista ciudadanista para entender la educación nos permite apreciarla como un espacio deviniente, que es capaz de constituirse como orden desde la diversidad y la dinámica constituyente de los actores del proceso educativo.
En este plano, la educación es siempre una dramaturgia ciudadana en que nos constituimos para conocer, aproximarnos, indagar, apreciar y dialogar con otros. Ante políticas uniformadoras este enfoque educativo equivale a la rebelión del coro en el teatro griego, y en términos pedagógicos a una práctica participativa, de mutua responsabilidad entre los actores, a la amplificación dialógica de sus saberes, a la generación de sentidos comunes a través del lenguaje y a la apertura a otros, que siempre son diferentes, a la hospitalidad y mutualidad para el bienestar humano de todos.
Cabe terminar esta presentación haciendo propio el proyecto de habilitabilidad de Humberto Giannini, sustentado en una ética de la proximidad: ”… la gran tarea de preservación cultural en este siglo consistirá en ofrecer en la escuela y en la educación en general, un bagaje de contenidos y actividades que permitan al estudiante reconocer, respetar y cultivar un mundo comunitario; sus modos tradicionales de sintonizar con la naturaleza y que pacta con ella, de invocar a sus dioses; que le permitan asimilar espiritualmente ( comprender) las experiencia pasadas y tejer, a partir de sus propias posibilidades, sus proyectos y esperanzas”
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