Jorge Osorio
Vargas
1. Construyendo una Ciudadanía ecológica.
En América Latina hay
evidencias de que la política está en una transición incierta. Sin embargo, un
acontecimiento destaca de manera nítida: la emergencia de movimientos sociales
y ciudadanos sujetos de nuevas formas de asociatividad y de acción política,
que están develando el agotamiento de la noción liberal de ciudadanía para
interpretar las nuevas aspiraciones de diversidad y autonomía que expresan
estos movimientos ciudadanos.
Se está gestando una
ciudadanía plural, que pone de relieve los valores comunitarios, el sentido de
responsabilidad pública, la mutualidad y reciprocidad en las relaciones
humanas, la justicia ecológica y de género, la lucha contra las
discriminaciones y la valoración de la multi e interculturalidad. Esta nueva
ciudadanía está enfatizando:
a) La
ampliación de los derechos civiles y sociales de hombres y mujeres.
b) La
práctica de acciones democráticas directas, una intervención más contundente a
nivel de las agendas de la opinión pública, a través del control ciudadano de
las políticas gubernamentales.
c) Una
reinvención de las instituciones del poder local, como espacios de
reconstrucción de las relaciones sociales, culturales y económicas de la
sociedad civil popular.
d) Una
demanda por un desarrollo humano económica, social, cultural, educacional y ambientalmente justa y sustentable.
Este
sentimiento colectivo acerca de la fatiga de la política dominante es expresión
de un proceso más profundo que marca una tendencia clave para entender la
actualidad de nuestra región: estamos viviendo cambios radicales en el modo
mismo de entender y practicar el sentido
de la política. Por esta razón, es condición de la acción ciudadana
transformadora construir una nueva cartografía de la política latinoamericana
con sus respectivos códigos interpretativos.
Existen,
a lo menos, tres grandes miradas para entender lo que está pasando en este
cambio de época que vivimos.
a) Una
es la mirada neoconservadora, cuyo pensamiento es muy seductor por lo simple: desde su perspectiva estamos
viviendo una crisis moral fruto de una libertad sin límites, de un mercadismo
extremo, de un neoliberalismo salvaje, de una liberación y experimentación sin
límites, que se expresa en las vanguardias culturales y en el hedonismo como
forma de vida.
Sin
embargo, para el neoconservantismo éste es un momento histórico donde se ha
agotado el experimentalismo, donde ya no hay lugar para “romper”, donde la
estética radical alcanzó su propia impotencia y el capitalismo extremista se ve minado por su
crisis de fundamentos valóricos y su incapacidad de crear un orden cultural que
exprese jerarquías, tradiciones y comunidad.
b) Una
segunda mirada propone desfundamentar la política, por miedo a ciertas
pretensiones absolutistas del pensamiento crítico y que podrían derivar en
nuevas formas de integrismo. Este
enfoque no aspira a la constitución de actores colectivos y desconfía de los
“sentidos comunes” propios de la modernidad.
c) La
tercera mirada podemos comparte el
diagnóstico de la desorientación
valórica y del debilitamiento de los ideales comunitarios. Sin embargo,
la causa no está –como para los neoconservadores- en la cultura sino en los
sistemas tecno-económicos y en la administración del Estado post-industrial; en
el predominio de una racionalidad instrumental que ha provocado una anemia
ética en la sociedad y en la política. La razón instrumental ha invadido los
espacios que antes pertenecieron a la razón ético-política y sus consecuencias
se manifiestan en una especie de sequía en las relaciones intersubjetivas, que
son la matriz de la creación de los valores. La política cae bajo la dirección
de los estrategas y los técnicos, se diluye en la macroeconomía, que de ser un
instrumento de gestión se convierte en una normativa esterilizante de toda
perspectiva de cambio. El predominio del saber del tecnócrata reduce los
espacios de la política ciudadana, empequeñece los ámbitos de la participación pública
y despolitiza las decisiones que tienen que ver con el bienestar de la
sociedad.
Podemos
señalar, que una nueva ciudadanía empieza a configurarse en América Latina,
cuya dinámica nutre una agenda para la educación de personas adultas y de sus
comunidades, orientada a:
a)
Crear y fortalecer capacidades
y competencias para la participación ciudadana y accountability público.
b)
Promover procesos asociativos, protagonizados por redes, movimientos, opiniones
públicas locales y regionales, que entienden su política como construcción de
poder, de derechos y de responsabilidades.
Estos
movimientos ciudadanos replantean la política desde la práctica de actores
sociales locales, que pugnan por el mejoramiento de su calidad de vida y se
involucran en polémicas y disputan con actores gubernamentales que poseen
instituciones y mecanismos mucho más poderosos. Sin embargo, es evidente que la
política convencional ha disminuido su credibilidad y es inhábil para detener a
este “reencantamiento” de la política ciudadana, que está siendo fuente de un
nuevo imaginario social y educativo, que moviliza a los jóvenes, a las mujeres,
a los movimientos indígenas, a las asociaciones de consumidores, a los
ambientalistas y a los grupos de defensa de los derechos humanos. De ahí, la
destacada preeminencia que van teniendo, en estas redes sociales, temáticas
como la interculturalidad, el control ciudadano global, la sustentabilidad
planetaria, una ética de responsabilidad solidaria integradora de lo social y
lo ecológico, las luchas contra las discriminaciones étnicas y las injusticias
de género y la solidaridad intergeneracional.
La
política “vieja” tiene su contracara en esta ciudadanía plural y diversa, que
va asentando una ética de la transformación social, que implica sustancialmente
una manera integral de leer los derechos humanos de hombres y mujeres, de
niños, jóvenes y personas adultas como basamento de la democracia
participativa, en el marco de una cultura organizativa y social que pone de
relieve principios de ética asociativa, tales como la mutualidad, la
comunicabilidad y la reciprocidad, entre los seres humanos y de estos con la
naturaleza. De esta manera, la ciudadanía es el aprendizaje de una estimativa ética integradora de lo social-local y
de lo ecológico-planetario.
2. Dilemas y posibilidades de una ética de
la sustentabilidad desde la nueva Ciudadanía.
La
hebra argumental más promisoria para plantear una ética de la sustentabilidad
es la crítica al modelo cartesiano de mundo, en que la razón y la técnica ordenan
y dominan el mundo natural de la vida. Una fuente fundamental de este debate,
como es H. Jonas, ha hecho notar cómo la técnica moderna irrumpe en la sociedad
con una dimensión inédita, planteando problemas éticos antes desconocidos para
la cultura occidental.
La
razón “conforme a resultados”, propia de la modernidad y su predominio en el
mundo de la vida social, cultural, estética y política, está en el origen del
problema ecológico contemporáneo. La acción humana se desvincula de una
racionalidad conforme a valores y la naturaleza no es concebida como un valor a
preservar, sino como ámbito de dominio.
El
“mundo de la vida natural” queda reconvertido en vida artificiosa, lo que
constituye la matriz interpretativa de la actual crisis ecológica y el punto-base
que ha servido para abrir el debate sobre las posibilidades de un nuevo
paradigma de la reflexión ética.
El
“medio ambiente” es, desde las últimas décadas del siglo XX, un campo de
disputa, y una vía de ingreso a una nueva manera de plantearse la responsabilidad
social y la complejidad del presente y futuro planetario. Por ello, una ética
sustentable es primordialmente una ética de responsabilidad con la vida en su
complejidad. Tanto es así, que en el impulso de hacer cooperar la cultura y la
naturaleza emerge el paradigma de la “complejidad” como la estrategia pensante
que permite colocarnos, heurística y éticamente, a la altura de los dilemas que
plantea la sustentabilidad del desarrollo, uniendo ciencia y conciencia de la
naturaleza.
Desde
este enfoque, la naturaleza, es pensada éticamente como una oikeiosis (como
“familiaridad con la casa”), vinculada a valores de afectividad y generosidad,
que van más allá de una ética ambiental, y la sitúan en lo que algunos llaman
una “ética del cuidado”.
Para
los efectos de la reflexión que perseguimos en esta ponencia, el desafío es
plantearse, reconociendo la existencia de una crisis ecológica global, que pone en evidencia las
limitaciones del “desarrollo” moderno, las condiciones de posibilidad de una ciudadanía
que, entendida como un “encuentro con los otros(as) en la proximidad”, practica
también un nuevo comunitarismo con la naturaleza. Para estos efectos, la
naturaleza ya no debe ser asumida como un objeto artificioso, sino un “sujeto”
de alteridad con el cual coopero y vivo mutuamente[1].
No se
trata de reemplazar la “justicia ecológica” por el cuidado, sino de practicarla
como una ética afectiva que integre tres dimensiones: comunidad ecológica,
responsabilidad con el futuro planetario y democracia participativa. De esta
manera, la base de una “acción sustentable” estará en una racionalidad práctica
y valorativa que se desempeña como pensamiento crítico en la sociedad y que
asocia la afectación por el sufrimiento humano (la violencia, la pobreza, etc.)
con la justicia social.
3. Los derechos al desarrollo sustentable
y a la ciudadanía democrática.
Los
derechos se conquistan y practican en tramas sociales. El derecho a ser
constructor(a) de sociedades sustentables –es decir, sociedades compasivas,
justas y solidarias- es un poder para construir por los movimientos ciudadanos
de la región, en medio de dinámicas de alta conflictividad y de un rezago ético
y civilizatorio muy fuerte, como es el que tienen las políticas del desarrollo
y del medio ambiente de cuño neoliberal.
Podemos
señalar grandes líneas sobre las cuales construir una noción de “gobernabilidad
ecológica”, o dicho de otro modo, de gobierno ciudadano para el desarrollo
sustentable.
Es
preciso reconocer que el poder se expande como redes. El poder no radica sólo
en el Estado. Los cambios también pueden provenir de la cultura, de la sociedad
civil, de la capacidad y de las competencias que son posibles construir desde
prácticas ciudadanas concretas, locales, nacionales y globales.
En
este sentido, nuestra idea de gobernabilidad se refiere en primer lugar, a la
capacidad política y social de un colectivo para habilitar la democracia
participativa y sus instituciones. Siguiendo a este argumento “Política
Sustentable” implica:
a) Crear
instituciones ciudadanas.
b) Desarrollar
opinión pública y actores sociales deliberantes.
c) Organizar
grupos que ejerciten el control social de las políticas de las instituciones
gubernamentales y organismos multilaterales.
d) Promover
la interlocución proactiva entre las redes de información y producción de
conocimientos de los ciudadanos(as) organizados(as).
e) Generar
esferas públicas de negociación de las agendas de gobierno.
f) Conseguir
la construcción de “políticas públicas” que expresen la deliberación de la
sociedad civil y los gobiernos, a la vez que la objetivación de los mecanismos
para resolver conflictos.
Sin
embargo, lo que sucede en la realidad, está aún distante a este modelo: por
ejemplo, en el campo ambiental, generalmente no existen, en nuestra región,
políticas públicas legitimadas por la negociación ciudadana, ni reconocimiento
de las agendas de las redes ambientalistas de la sociedad civil. Las
instituciones que validan las mediaciones, cuando existen, son precarias,
y la participación ciudadana generalmente
es frágil por la asimetría de las informaciones y del poder que confrontan
normalmente las comunidades de base y las empresas. La cultura jurídica
predominante es aún refractaria al entendimiento de medidas precautorias de
carácter ambiental, vía tutelas o amparos, aunque, es preciso reconocer que en
varios países se han realizado avances muy importantes al respecto.
Teniendo
en cuenta este contexto, una estrategia de fortalecimiento de la ciudadanía en
este ámbito debería defender la primacía de la soberanía popular, como sostén
de toda la democracia institucionalizada, haciendo uso de los mecanismos de
protección y expresión de derechos que ésta contempla. Así lo vienen haciendo,
por lo demás, muchos movimientos ciudadanos del continente.
Seguidamente
es preciso valorar el aprendizaje permanente de jóvenes y adultos y la
educación ciudadana, como componentes claves para crear capacidades y poder
ciudadano, a partir de acciones colectivas que formen sujetos, habilitados para
tener un pensamiento crítico, para tomar decisiones, actuar responsablemente en
todos los niveles y para deliberar y
mantener controversias con los decisores de las políticas oficiales y con las
empresas.
A la
vez, resulta clave crear y animar redes de información, de intercambio, de
solidaridad e inspiración ética, que actúen además como sistematizadoras de los
conocimientos necesarios para la sustentabilidad y eficiencia de las acciones
ciudadanas emprendidas.
Los
movimientos ciudadanos necesitan plataformas discursivas, que puedan ser
mostradas públicamente por líderes legítimos y representativos, que expresen
principios éticos, haciendo valer la lógica ciudadana sobre el tecnocentrismo,
aunque cada vez es más insoslayable tener capacidad técnica para mantener
debates que requieren, por lo general, conocimientos sofisticados.
A
pesar de que existe por delante una tarea de construcción ciudadana y una
hipótesis de transformación social hábil, éstas están aún limitadas, entre
otras razones, por cierta anemia social que la gente común sufre, y que le
impide asumir tareas que impliquen un pensamiento global y un compromiso de
afectación con causas y programas, amén de las dinámicas estructurales que van
privatizando lo público y reduciendo la ciudadanía a una “ciudadanía plástica”, sólo referida al
consumo y a la actividad mercantil.
No
obstante, la estrategia ciudadana está significando, en la práctica de variados
grupos y redes de la región, la identificación del espacio público como un
espacio clave de intervención y de reconstrucción social de las identidades
culturales fragmentadas por el mercadismo extremo. Podemos afirmar que el
imaginario de la sustentabilidad emergente en estos contextos:
a) Es
un índice de afirmación de derechos.
b) Actualiza
la idea de una “ciudad” justa, que reconoce la diversidad y la diferencia.
c) Convierte
la pluralidad en un aprendizaje ecológico (es decir un aprendizaje práctico de
familiaridad, de cercanía, de aproximación y de cuidado mutuo en la “casa
común”).
4.
Lo que esperan los(as)
ciudadanos(as) de los Gobiernos: las democracias a examen.
En la
última década, las experiencias de control social de las políticas
gubernamentales, en diversos campos, han sido factores de gran movilización y
educación ciudadana, desarrollándose, organizando un verdadero poder de sistematización de conocimientos y
aprendizajes, de seguimiento y de control de las políticas gubernamentales
de parte de sectores importantes de la ciudadanía. En muchos casos, la acción
de estos grupos de control ciudadano ha puesto en evidencia las limitaciones de
la institucionalidad democrática, su escasa capacidad de proyectar una gestión
de la administración pública que contemple el diálogo e interlocución critica
con los actores sociales y una pálida adhesión gubernamental a un modelo de democracia
participativa. A la vez, es preciso reconocer que, a través de las acciones de
los movimientos ciudadanos, se han colocado en las agendas públicas temas que,
hasta hace muy poco tiempo, tenían escasa sintonía en los sectores dirigentes.
En
síntesis, a partir de experiencias reconocidas de nuestra región, las
principales demandas del control ciudadano en el ámbito de las políticas
gubernamentales de desarrollo sustentable son:
a)
Existencia de una Autoridad
ambiental legítima, institucionalizada en el marco de la organización del
Estado, sujeta a la fiscalización parlamentaria y ciudadana, con facultades
para generar políticas y orientar programas coherentes y participativos de
gestión ambiental global, que impliquen la puesta en práctica de los principios
de intersectorialidad en la gestión de gobierno y la interlocución permanente
con las organizaciones de la sociedad civil.
b)
Creación, reconocimiento y
reglamentación legal de sistemas obligatorios de evaluación de impacto
ambiental para proyectos de inversión industrial, inmobiliarios, turísticos, de
infraestructura y otros; identificación de los convenios internacionales
suscritos por los gobiernos y su consonancia con las leyes internas; exigencia
de indicadores públicos en materias como diversidad biológica, cambio
climático, aguas marítimas y continentales, contaminación atmosférica y
desechos tóxicos, manejo sustentable de recursos naturales, participación y
educación ciudadana ambiental, entre otras.
c)
Control y fiscalización
institucionalizada de la transparencia de la gestión pública y de las
actividades del gobierno en áreas como regímenes de inversión externa,
políticas de recursos naturales, políticas de energía, acuerdos
gobierno-empresas, tratados comerciales y sus repercusiones ambientales e
instrumentos económicos de gestión ambiental.
d)
Existencia de consejos y
esferas públicas de interlocución del gobierno con la sociedad civil, discusión
de agendas temáticas y globales con los movimientos ciudadanos, distribución de
información confiable y establecimiento de mecanismos institucionales de
consulta.
e)
Movilización del poder
judicial en pro de cambios en la legislación ambiental, aplicación de los
recursos de tutela a los conflictos ambientales, normalización jurídica e
innovaciones en el derecho procesal y penal ambiental.
f)
Responsabilidad gubernamental
en la incorporación de la educación ambiental en el sistema escolar y en la
enseñanza superior y fomento de instituciones de investigación que apoyen la
toma de decisiones técnicas y la distribución social del conocimiento
ambiental.
g)
Fomento de instituciones
independientes, destinadas a monitorear las políticas ambientales y sociales,
producir conocimientos y ejecutar programas de formación, a través de fondos
concursables e instrumentos públicos que regulen donaciones y subsidios
destinados a financiar a estos grupos independientes.
h)
Fortalecimiento de la gestión
ambiental local, coordinada por los municipios y gobiernos regionales,
promoviéndose la profesionalización funcionaria y la formación de cuadros
directivos en materias de planificación económica, social y territorial, acorde
a los principios de la Agenda
21 para las ciudadades sustentables
i)
Elaboración y difusión pública
de mapas de problemas y conflictos ambientales, con participación de diversos
actores, incluyendo empresas y movimientos ciudadanos, que generen sistemas de
información científica y técnica, a disposición pública. Y que permitan el
conocimiento de los factores determinantes de la sustentabilidad ambiental de
las políticas de desarrollo de cada territorio.
j)
Fortalecimiento de la
participación ciudadana en los sistemas de evaluación de impacto ambiental,
reconociéndose legalmente las facultades de la ciudadanía para investigar,
pedir audiencias públicas, recibir información fidedigna en los plazos correspondientes
y financiar, con fondos públicos, informes alternativos a los de las empresas o
el gobierno, si estimasen conveniente realizarlos.
k)
Reconocimiento de los derechos
de los pueblos indígenas a la tierra, a la expresión de su cultura y a mantener
sus tradiciones productivas y sus formas ancestrales de relación con la
naturaleza. Incluyendo el reconocimiento constitucional de la noción de Estados
pluriétnicos y el debate público de las implicancias institucionales, jurídicas
y educacionales de tal definición.
[1] Desde hace varias décadas viene desarrollándose un proceso de
reflexión acerca de la “ética de la naturaleza”. Se pueden distinguir
genéricamente algunas tendencias: a) La biocentrista propuesta por Albert
Schweitzer y que se expresa en su proyecto de “ética del respeto a la vida”; b)
El naturalismo ecológico desarrollado por la llamada “ética de la tierra” de A.
Leopold y cuya propuesta encuentra eco en el movimiento de la Ecología Profunda ;
c) El antropocentrismo que es una continuidad del modelo convencional de ética,
que reserva el mundo moral sólo para el hombre; d) El teleologismo de la
naturaleza propuesto por H. Jonas en su obra “El Principio Responsabilidad”
(ver, Gómez-Heras, José María, “El Problema de una Ética del Medio Ambiente”,
en Gómez- Heras, J. M. (coord.) “Ética del Medio Ambiente”; Tecnos, Madrid,
1997.
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