Los procesos formativos con adultos como "inversión en ciudadanía y "bienestar en común": hacia otro paradigma de desarrollo educativo.
La educación de personas adultas como “inversión en ciudadanía” y “bienestar en común”: hacia otro paradigma de desarrollo educativo
Jorge Osorio Vargas
La sociedad chilena valora los esfuerzos de los últimos gobiernos de acrecentar sus inversiones en educación. Y podemos reconocer logros importantes en relación a lo que el país tenía el inicio de la década de los años 90 en materia educacional. La cobertura y universalidad de la oferta educativa, el salto de calidad en el diseño e implementación de la educación pre-escolar y las acciones destinadas a lograr calidad de la enseñanza escolar básica y secundaria y el mejoramiento de las condiciones docentes son dimensiones muy significativas a la hora de hacer un balance. La opinión pública valora y reconoce estos logros, sin embargo, existen asignaturas pendientes de gran importancia para seguir avanzado en educación como país.
Los movimientos estudiantiles de 2011 han hecho patentes los déficit que tiene la política educativa: la necesidad de enfrentar los niveles de segmentación y de desigualdad del actual sistema mixto de oferta educativa (público y privado subvencionado); la necesidad de contar con políticas de aseguramiento de la calidad educativa, en todos los niveles; la valoración de la profesión docente y de la institucionalidad de formación de los profesores-as, y; la necesidad de un cambio radical de la política universitaria que “des-mercantilice” ese sector educativo y fortalezca a las universidad públicas.
Sin embargo, el paradigma que ha orientado las reformas educativas desde 1990 está haciendo agua. Es evidente que es preciso avanzar hacia políticas que enfrente los déficit que hemos identificado, pero existen temas estratégicos que están siendo olvidados. Por ejemplo, la educación técnica profesional y la educación de personas adultas.
Y sobre este último tema en particular quisiéramos llamar la atención. Lo hacemos por varias razones. En primer lugar, porque el país supo articular la alfabetización y la educación de las personas adultas con las reformas sociales que acompañaron la modernización económica desde los años 60 del siglo pasado. De esta manera, se amplío la capacidad del sistema educativo para actuar como una herramienta estratégica para la inclusión social y la democratización. El aporte que hicieron instituciones civiles y ongs permitió además ampliar los espacios de actuación educativas al aprendizaje comunitario y al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de base, acrecentándose el capital social del país. Esto quedó en evidencia durante la propia dictadura, pues el tejido social que contribuyó a extender la educación popular de jóvenes y personas adultas bajo diversas modalidades fue fundamental para la defensa de los derechos humanos y la lucha social que aseguró la re-democratización del país.
Una lectura restrictiva de las políticas globales de “educación para todos” (de Jomtien (1990) en adelante) hizo reducir de manera significativa la importancia política y la inversión en la educación de personas adultas. Se privilegió la educación escolar básica y posteriormente la educación escolar secundaria, reduciéndose la educación de personas adultas a los programas de alfabetización y a confusos programa de formación laboral. El Programa Chile Califica y la renovación curricular en el sistema oficial de educación de personas adultas fueron buenas señales: Ch.C., pudo ser una oportunidad para que la educación de personas adultas adquiriera más poder en las políticas generales, pero fue dejado de lado cuando la financiación internacional concluyó y su evaluación aún es ambigua en sus procedimientos y en sus resultados.
Sólo un giro paradigmático en la generación de las políticas educativas nos permitirá ,como país , apreciar la importancia estratégica de la educación de personas adultas y optar por una política de inversión potente: este giro paradigmático implica reconocer que en una sociedad del conocimiento la educación debe ser entendida como el acceso permanente, para todos-as y durante la vida entera a los aprendizajes y conocimientos necesarios y habilitantes para que los ciudadanos-as ejerzan sus derechos a participar como sujetos protagónicos en la convivencia política y en todas las esferas públicas en las cuales se estructura la sociedad ( la economía, la cultura, la opinión pública). La democratización del acceso al aprendizaje permanente es un factor clave de la sustentabilidad integral del desarrollo humano y del buen-vivir. Este requerimiento de participación se asocia con la necesidad de generar un mayor capital social que sostenga culturalmente la vida democrática y permita dinámicas institucionales y ciudadanas que conduzcan a nuevos pactos sociales y ecológicos.
Sabemos que la educación escolarizada de personas adultas se ha convertido también en una nueva vía y escenario de la educación de jóvenes. Las resistencias del sistema escolar oficial, inclusive la pública, para incluir a jóvenes desertores del sistema educativo, infractores penales, adolescentes embarazas o madres, bien jóvenes que no encuentran ningún sentido a la educación formal, o jóvenes que por su vulnerable o subordinada posición social de base quedan en una condición de desechabilidad , tolerada por el sistema predominante.
Por esta razón, el sistema público de educación de personas adultas y también las propias redes de la educación social y popular cumplen una función de inclusión social, de formación ciudadana de gran envergadura de contención social y de acompañamiento en la resiliencia. Por ello, corresponde que los responsables de las políticas educativas y sociales tenga en cuenta este fenómeno, lo valoricen y fortalezcan con nuevas inversiones , tanto en el plano de la ampliación y la calidad de los servicios, como en su articulación con las políticas sociales y culturales que se puedan implementar desde el gobierno central y desde los gobiernos locales.
Mientras nuestros “hacedores de políticas” no entiendan el valor que tiene, en la compleja sociedad del conocimiento ,la inversión en aprendizaje y en “ciudadanía” y “aprecien” el rol social que cumplen la educación de jóvenes y personas adultas del sistema oficial y de la educación popular o social, no será posible avanzar en una estrategia concreta de educación “para toda y durante la vida”, que retóricamente nuestros gobiernos han adoptado en conjunto con otros Estado en el marco de la ETP promovida por UNESCO. Sin duda, es preciso un cambio en la “mirada” predominante para llegar a entender el “desarrollo humano” como un proceso de generación de capacidades cognitivas, sociales y culturales, tangibles e intangibles, que no se satisfacen de manera automática y sólo con las políticas de crecimiento económico. Por ahora, podemos abogar para las políticas coloquen un acento en la necesidad de poner en sintonía la educación con las demandas de una ciudadanía exigente y que aspira a una sociedad justa ( sin de exclusiones, analfabetismo y discriminación tecnológicos y desempleo permanente por carencias de competencias laborales a las nuevas economías ). El paso complementario y necesario desde el punto de vista estratégico será activar un movimiento social para garantizar el derecho al aprendizaje durante toda la vida. Sin duda, tal proposición tendrá más acogida en gobiernos que crean en Estados socialmente inteligentes y garantistas que en Estados tecno-liberales que no tienen en sus agendas contribuir a promover sociedades que pretendan el bienestar común .
Jorge Osorio Vargas
La sociedad chilena valora los esfuerzos de los últimos gobiernos de acrecentar sus inversiones en educación. Y podemos reconocer logros importantes en relación a lo que el país tenía el inicio de la década de los años 90 en materia educacional. La cobertura y universalidad de la oferta educativa, el salto de calidad en el diseño e implementación de la educación pre-escolar y las acciones destinadas a lograr calidad de la enseñanza escolar básica y secundaria y el mejoramiento de las condiciones docentes son dimensiones muy significativas a la hora de hacer un balance. La opinión pública valora y reconoce estos logros, sin embargo, existen asignaturas pendientes de gran importancia para seguir avanzado en educación como país.
Los movimientos estudiantiles de 2011 han hecho patentes los déficit que tiene la política educativa: la necesidad de enfrentar los niveles de segmentación y de desigualdad del actual sistema mixto de oferta educativa (público y privado subvencionado); la necesidad de contar con políticas de aseguramiento de la calidad educativa, en todos los niveles; la valoración de la profesión docente y de la institucionalidad de formación de los profesores-as, y; la necesidad de un cambio radical de la política universitaria que “des-mercantilice” ese sector educativo y fortalezca a las universidad públicas.
Sin embargo, el paradigma que ha orientado las reformas educativas desde 1990 está haciendo agua. Es evidente que es preciso avanzar hacia políticas que enfrente los déficit que hemos identificado, pero existen temas estratégicos que están siendo olvidados. Por ejemplo, la educación técnica profesional y la educación de personas adultas.
Y sobre este último tema en particular quisiéramos llamar la atención. Lo hacemos por varias razones. En primer lugar, porque el país supo articular la alfabetización y la educación de las personas adultas con las reformas sociales que acompañaron la modernización económica desde los años 60 del siglo pasado. De esta manera, se amplío la capacidad del sistema educativo para actuar como una herramienta estratégica para la inclusión social y la democratización. El aporte que hicieron instituciones civiles y ongs permitió además ampliar los espacios de actuación educativas al aprendizaje comunitario y al fortalecimiento de las organizaciones comunitarias de base, acrecentándose el capital social del país. Esto quedó en evidencia durante la propia dictadura, pues el tejido social que contribuyó a extender la educación popular de jóvenes y personas adultas bajo diversas modalidades fue fundamental para la defensa de los derechos humanos y la lucha social que aseguró la re-democratización del país.
Una lectura restrictiva de las políticas globales de “educación para todos” (de Jomtien (1990) en adelante) hizo reducir de manera significativa la importancia política y la inversión en la educación de personas adultas. Se privilegió la educación escolar básica y posteriormente la educación escolar secundaria, reduciéndose la educación de personas adultas a los programas de alfabetización y a confusos programa de formación laboral. El Programa Chile Califica y la renovación curricular en el sistema oficial de educación de personas adultas fueron buenas señales: Ch.C., pudo ser una oportunidad para que la educación de personas adultas adquiriera más poder en las políticas generales, pero fue dejado de lado cuando la financiación internacional concluyó y su evaluación aún es ambigua en sus procedimientos y en sus resultados.
Sólo un giro paradigmático en la generación de las políticas educativas nos permitirá ,como país , apreciar la importancia estratégica de la educación de personas adultas y optar por una política de inversión potente: este giro paradigmático implica reconocer que en una sociedad del conocimiento la educación debe ser entendida como el acceso permanente, para todos-as y durante la vida entera a los aprendizajes y conocimientos necesarios y habilitantes para que los ciudadanos-as ejerzan sus derechos a participar como sujetos protagónicos en la convivencia política y en todas las esferas públicas en las cuales se estructura la sociedad ( la economía, la cultura, la opinión pública). La democratización del acceso al aprendizaje permanente es un factor clave de la sustentabilidad integral del desarrollo humano y del buen-vivir. Este requerimiento de participación se asocia con la necesidad de generar un mayor capital social que sostenga culturalmente la vida democrática y permita dinámicas institucionales y ciudadanas que conduzcan a nuevos pactos sociales y ecológicos.
Sabemos que la educación escolarizada de personas adultas se ha convertido también en una nueva vía y escenario de la educación de jóvenes. Las resistencias del sistema escolar oficial, inclusive la pública, para incluir a jóvenes desertores del sistema educativo, infractores penales, adolescentes embarazas o madres, bien jóvenes que no encuentran ningún sentido a la educación formal, o jóvenes que por su vulnerable o subordinada posición social de base quedan en una condición de desechabilidad , tolerada por el sistema predominante.
Por esta razón, el sistema público de educación de personas adultas y también las propias redes de la educación social y popular cumplen una función de inclusión social, de formación ciudadana de gran envergadura de contención social y de acompañamiento en la resiliencia. Por ello, corresponde que los responsables de las políticas educativas y sociales tenga en cuenta este fenómeno, lo valoricen y fortalezcan con nuevas inversiones , tanto en el plano de la ampliación y la calidad de los servicios, como en su articulación con las políticas sociales y culturales que se puedan implementar desde el gobierno central y desde los gobiernos locales.
Mientras nuestros “hacedores de políticas” no entiendan el valor que tiene, en la compleja sociedad del conocimiento ,la inversión en aprendizaje y en “ciudadanía” y “aprecien” el rol social que cumplen la educación de jóvenes y personas adultas del sistema oficial y de la educación popular o social, no será posible avanzar en una estrategia concreta de educación “para toda y durante la vida”, que retóricamente nuestros gobiernos han adoptado en conjunto con otros Estado en el marco de la ETP promovida por UNESCO. Sin duda, es preciso un cambio en la “mirada” predominante para llegar a entender el “desarrollo humano” como un proceso de generación de capacidades cognitivas, sociales y culturales, tangibles e intangibles, que no se satisfacen de manera automática y sólo con las políticas de crecimiento económico. Por ahora, podemos abogar para las políticas coloquen un acento en la necesidad de poner en sintonía la educación con las demandas de una ciudadanía exigente y que aspira a una sociedad justa ( sin de exclusiones, analfabetismo y discriminación tecnológicos y desempleo permanente por carencias de competencias laborales a las nuevas economías ). El paso complementario y necesario desde el punto de vista estratégico será activar un movimiento social para garantizar el derecho al aprendizaje durante toda la vida. Sin duda, tal proposición tendrá más acogida en gobiernos que crean en Estados socialmente inteligentes y garantistas que en Estados tecno-liberales que no tienen en sus agendas contribuir a promover sociedades que pretendan el bienestar común .
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